El gobierno mexicano se controla y audita a través de un sistema de órganos especializados que revisan cómo se gasta el dinero público y sancionan a quienes lo usan mal.
La noche en que desaparecieron $40 millones
En 2019, un funcionario del gobierno de un estado del norte de México firmó contratos con empresas fantasma. Esas empresas nunca entregaron nada: ni obras, ni servicios, ni un solo clavo. Sin embargo, el gobierno les pagó más de $40,000,000. ¿Cómo se descubrió? No fue por un denunciante anónimo ni por un periodista valiente. Fue por una auditoría de rutina.
Ese descubrimiento puso en marcha una cadena de instituciones que muy poca gente conoce, pero que existen exactamente para ese momento. La pregunta es: ¿quién vigila al vigilante?
El sistema que nadie ve trabajar
México tiene un entramado de instituciones dedicadas a revisar el uso del presupuesto público. No es un solo organismo. Son varias capas que se complementan, y cada una tiene una función distinta.
La pieza más importante es la Auditoría Superior de la Federación, conocida como ASF. Es el órgano técnico de la Cámara de Diputados. Su trabajo es revisar, cada año, cómo el gobierno federal gastó el dinero que el Congreso le autorizó. Piénsalo así: cuando la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, le está dando permiso al Ejecutivo de gastar. La ASF es quien verifica, al final del año, que ese permiso se respetó.
La ASF publica cada año la Cuenta Pública, un documento enorme que detalla los hallazgos de sus auditorías. En 2022, la ASF revisó más de 1,800 auditorías y detectó irregularidades por más de $100,000,000,000 en recursos federales. Ese número no significa que todo fue robado: incluye desvíos, gastos sin justificación, contratos mal adjudicados y recursos que no se comprobaron. Pero el tamaño del número dice mucho sobre la importancia de este trabajo.
Los guardianes dentro de casa
La ASF vigila desde afuera, como un auditor externo. Pero cada dependencia del gobierno también tiene un vigilante interno: el Órgano Interno de Control, o OIC.
El OIC de una secretaría, por ejemplo el de la Secretaría de Salud, tiene acceso a todos los expedientes, contratos y procesos de esa dependencia. Su función es detectar irregularidades antes de que se conviertan en un escándalo. También recibe denuncias de ciudadanos y de los propios servidores públicos que trabajan ahí.
Los OIC reportan a la Secretaría de la Función Pública, conocida como SFP. Esta secretaría coordina el sistema de control interno del gobierno federal. Si el OIC de una dependencia detecta una falta grave, lo notifica a la SFP, que puede iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas. Recuerdas de la lección anterior que la Ley General de Responsabilidades Administrativas puede sancionar con destitución e inhabilitación de hasta 20 años. El OIC es, en muchos casos, quien activa ese proceso.
Transparencia como herramienta de control
Hay un tercer mecanismo que no depende de auditores profesionales: la transparencia. En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o INAI, garantiza el derecho de cualquier ciudadano a solicitar información al gobierno.
Si quieres saber cuánto pagó el gobierno federal por los escritorios de una oficina, puedes pedirlo. Si quieres ver los contratos que firmó el IMSS con proveedores de medicamentos, puedes solicitarlos. El gobierno tiene la obligación de responder en un plazo máximo de 20 días hábiles.
Esta herramienta es más poderosa de lo que parece. Periodistas de investigación han usado solicitudes de transparencia para descubrir desvíos de millones de pesos. Organizaciones civiles rastrean el gasto en proyectos de infraestructura. Cualquier persona con curiosidad y acceso a internet puede convertirse en un auditor ciudadano.
La plataforma oficial se llama Plataforma Nacional de Transparencia. Desde ahí puedes enviar solicitudes de información a cualquier dependencia federal, estatal o municipal que esté obligada a responder.
Cuando el control falla: el caso de las empresas fantasma
Volvamos al caso del inicio. ¿Cómo pudo un funcionario contratar empresas que no existían? Porque el control interno falló. El OIC de esa dependencia no revisó los expedientes con suficiente detalle. Los contratos pasaron sin que nadie verificara si las empresas estaban realmente dadas de alta ante el SAT o si tenían empleados reales.
Cuando la ASF realizó su auditoría anual, encontró que los recursos no estaban comprobados. Ese fue el primer hilo. Luego se investigaron los contratos, se rastrearon las empresas y se descubrió el esquema completo.
Este caso ilustra algo importante: el sistema de control no es infalible. Pero cuando funciona, puede detectar irregularidades que de otra forma permanecerían ocultas por años. La ASF tiene la facultad de presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República cuando encuentra evidencia de delitos. En ese punto, el caso sale del ámbito administrativo y entra al penal.
El Sistema Nacional Anticorrupción
En 2016, México creó el Sistema Nacional Anticorrupción, o SNA. Este sistema conecta a todas las instituciones que ya mencionamos: la ASF, la SFP, los OIC, el INAI y también al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El SNA no es una institución nueva que reemplaza a las anteriores. Es una red de coordinación. Su objetivo es que la información fluya entre instituciones para que un hallazgo en una pueda activar una investigación en otra. Antes del SNA, cada institución trabajaba en su propio silo. Una dependencia podía ser sancionada administrativamente sin que la fiscalía se enterara. El SNA busca cerrar esas grietas.
La ciudadanía también tiene representación en el SNA a través del Comité de Participación Ciudadana, formado por personas de la sociedad civil elegidas por sus méritos, no por partido político. Este comité puede opinar sobre políticas anticorrupción y evaluar el funcionamiento del sistema.
¿Qué significa esto para ti?
Imagina que eres dueño de una pequeña empresa de construcción en Monterrey. El gobierno municipal abre una licitación para construir banquetas. Ganas el contrato, haces el trabajo y entregas todo en tiempo. Pero otro proveedor, que tiene conexiones políticas, también recibió un contrato por el mismo trabajo y cobró el doble sin hacer nada.
Como ciudadano y contribuyente, tienes herramientas concretas. Puedes solicitar al municipio los contratos de esa licitación mediante una solicitud de transparencia. Puedes revisar si el contrato se publicó correctamente en Compranet, el sistema de compras del gobierno federal, o su equivalente estatal. Puedes denunciar ante el OIC del municipio o ante la contraloría estatal.
El sistema no es perfecto. Pero existe, y tiene más dientes de los que la mayoría cree. La ASF, los OIC, el INAI y el SNA forman una red que, cuando funciona bien, protege el dinero que todos aportamos con nuestros impuestos.
El funcionario que firmó contratos fantasma
Al final, el funcionario del norte de México fue destituido, inhabilitado por 10 años para trabajar en el gobierno y enfrentó un proceso penal. Las empresas fantasma nunca devolvieron los $40,000,000. Ese dinero está perdido. Pero el esquema se expuso, el funcionario no pudo volver a un cargo público y el caso se convirtió en un expediente que la ASF usa hoy para capacitar auditores.
El control del gobierno no es un tema abstracto. Es la diferencia entre un hospital que tiene medicamentos y uno que no los tiene. Es la diferencia entre una carretera que dura 20 años y una que se rompe al primer aguacero. Entender cómo funciona este sistema es el primer paso para exigir que funcione mejor.